Detalle mural de Oswaldo Vigas - UCV
La Cátedra Pío Tamayo de
Historia Actual ha planteado dos preguntas apremiantes: ¿Por qué suspende la
Comisión Electoral de la UCV las elecciones rectorales? ¿Se defiende así la
Autonomía Universitaria?
Formalmente, la Comisión Electoral
suspendió el proceso comicial con base en la Sentencia 83, de fecha 17-05-12,
mediante la cual la Sala Electoral del TSJ condenó al Consejo Universitario en
pleno y le impuso una multa de 200 Unidades Tributarias a sus miembros (no
oficialistas) por presunto desacato de la Sentencia 104, del 10-08-11, que a su
vez ordenaba no realizar ningún proceso electoral hasta tanto no se dictara un
nuevo reglamento electoral, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34,
numeral 3 de la Ley Orgánica de Educación.
La primera curiosidad es que
la sedicente Sentencia 83 había sido suspendida en todos sus efectos por
decisión de la Sala Constitucional, del 21-05-12, que se avocó al conocimiento
del caso mediante el no menos curioso mecanismo de la “notoriedad judicial”,
que es una especie de notitia criminis, para no decir que nadie se lo
había pedido, al menos aparentemente.
De manera que la suspensión no
tiene sustento alguno y si se acata la sedicente sentencia 83, se está
desacatando la otra sentencia de la Sala Constitucional; pero estos detalles
jurídicos no parecen importarle a nadie.
La parte sustancial es que el
CU está atrapado en un dilema insoluble que puede resumirse así: afirmar la
Autonomía de la Universidad ateniéndose a todas las consecuencias (una
inmolación positiva); o capitular ante la presión del régimen, dictando un
reglamento electoral a todas luces inconstitucional e ilegal y repugnante a la
conciencia universitaria (una inmolación negativa).
Aunque es difícil imaginarse a
la rectora saliendo esposada de la UCV, con los demás miembros del CU como reos
de delitos inexistentes, hacia una de esas confortables cárceles de Venezuela;
es cierto que la Sala Electoral remitió el expediente a la Fiscalía, alegando
visos de carácter penal y habiendo asumido el caso la Sala Constitucional, como
una espada de Damocles, no es como para sentirse tranquilos.
Así han sacado a la juez
Afiuni, a políticos y empresarios que ni se hubiera soñado que se pudiera hacer
y el país “bien gracias”, como si nada hubiera ocurrido.
El final de la historia es que
no se encuentra término medio entre el sacrificio físico o moral de las
autoridades, como no sea confeccionar un vergonzoso reglamento de transacción,
con participación paritaria universal pero “ponderados”, que no satisface a
ninguna de las partes en juego, ni será aceptado por nadie en el público.
Por último, lo que sería la
solución criolla típica: “Correr la arruga”, unos mesecitos más, para llegar al
7 de octubre cuando, como se sabe, parirá la abuela, se cuadrará el círculo y,
por fin, la montaña vendrá a Mahoma.
DE UNA ILEGALIDAD A OTRA
El profesor Absalón Méndez
apunta hacia un hecho tan notorio que nadie se atreve a hablar de él y es que
de 11 decanos 9 son interinos y a partir del 20 de junio, de hecho, todas las
autoridades de la universidad serán interinas. Un interinato equivale a una
intervención, como en aquellos lejanos tiempos del doctor Caldera.
La suspensión de las elecciones
parece un problema menor frente al otro tema de la Autonomía, que se revela
como un discurso vacío, porque ya es un hecho que la Universidad no es
autónoma.
Para comprobarlo basta
comparar el artículo 9 de la vigente Ley de Universidades, con el 109 de la
Constitución y el 34 de la Ley Orgánica de Educación.
Allí se verá palmariamente
cómo se ha venido desdibujando la Autonomía, de una concreta y consistente, en
todos su extremos: como Autonomía Organizativa, para dictar sus normas
internas; Académica, para planificar, organizar y realizar sus programas de
investigación, docente y de extensión, que fueren necesarios para el
cumplimiento de sus fines; Administrativa, para elegir y nombrar sus
autoridades y designar su personal docente, de investigación y administrativo;
Económica y Financiera, para organizar y administrar su patrimonio.
Hasta llegar a convertirse en
un fantasma como eso de “libertad intelectual” o “actividad teórico-práctica”
que aparece en el citado artículo 34 de la LOE, que el TSJ quiere imponerle a
las Universidades Autónomas.
El problema no es la
participación en la elección de sus autoridades de los diversos sectores que
hacen vida en la universidad, porque eso no es nada nuevo, sino parte de una
vieja lucha interna, que bien puede resolverse con métodos universitarios.
El problema está en la
mentira, el engaño, la manipulación con que se está manejando el asunto. La
verdad, debimos seguir con nuestro proceso electoral como estaba previsto,
elegir a las autoridades como manda la Ley de Universidades, que está vigente,
y luego que el gobierno haga lo que le parezca.
Pero no, se suspenden las
elecciones y el CU no asume su responsabilidad sino que dice que la Comisión
Electoral es autónoma en sus decisiones y eso es otra gran mentira.
Dicho sea al margen, la Ley de
Educación Universitaria que debía sustituir a la actual Ley de Universidades no
fue promulgada mediante lo que se llamó entonces un “veto presidencial”, para
someterla a un debate nacional, lo que fue recibido con gran jolgorio por la
oposición y alivio de la universidad.
El pequeño detalle es que la
fórmula del “veto presidencial” no existe en la Constitución que permite
devolver una ley a la Asamblea, someterla a consulta del TSJ, pero al final si
no se promulga, la Asamblea puede hacerlo, sin perjuicio de la responsabilidad
que le quepa al presidente por esta omisión.
Pero otra vez, nadie se
detiene en detalles jurídicos porque la conveniencia momentánea siempre suple
con creces a la legalidad formal.
Con esta displicencia se
interpretó la sedicente sentencia 104, que daba 75 días hábiles para su
ejecución; pero la consultoría jurídica interpretó, burlándose, que “día hábil”
para el CU es cada día de sesión, por tanto, 75 días se traduce como en año y
medio.
El CU termina estando donde
debía estar, en franca rebeldía, aunque no lo admita.
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A LA DERIVA
Para el profesor Víctor
Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, la tragedia que estamos
viviendo es producto de la falta de liderazgo, en general, pero en particular
del CU, que no asume las consecuencias del problema en que se metieron.
Es inconcebible pensar que se
pueda tomar una decisión tan grave como ésta, de llamar a elecciones, sin haber
considerado qué iba a hacer la otra parte, con qué nos iba a venir.
La APUCV asume su
responsabilidad, llama a asambleas y decide seguir adelante con el cronograma
electoral; pero en el ínterin el CU toma su decisión de suspender las elecciones
a través de la Comisión Electoral, pero tampoco asume las consecuencias. Es
mentira que la CE sea autónoma y que el CU no tenga nada que ver con sus
decisiones.
Asimismo se ha determinado la
estrategia del gobierno, que se resume en tres grandes lineamientos. Primero,
el cerco presupuestario. Luego, incumplimiento de las normas de homologación,
generando conflictividad interna, además del proceso de deterioro de las
instalaciones. Tercero, la violencia, para generar un clima de
ingobernabilidad.
Por su parte las autoridades
siguen la agenda del gobierno, por ejemplo, eliminando el Fondo de Pensiones. Es
evidente que no hay autonomía, pero por culpa de las mismas autoridades. Hemos
comprobado suficientemente que es más difícil, más dura la pelea interna que la
otra, frente a los enemigos externos de la Universidad.
Para el profesor Rómulo Orta,
representante de los profesores ante el CU, es necesario ver el problema en
forma más amplia, más allá de si se suspenden o no las elecciones. El problema
es el militarismo, que se manifiesta de dos maneras. Primero, la autonomización
de los militares, que se zafaron del poder civil. Segundo, la expansión del
militarismo a toda la sociedad, por lo que están copando todo, de lo que no
pueden escapar las universidades.
¿Qué es lo importante? Cómo
insertarnos en proyectos reales. Hemos propuesto tres: el plan de gerencia; el
plan estratégico y la agenda social, de superación de la pobreza según las
metas del milenio propuesta por las Naciones Unidas.
En cuanto al tema de las
elecciones, fueron suspendidas por la Comisión Electoral, que es autónoma en
sus decisiones. El CU no tuvo nada que ver en eso.
En cuanto a los otros
problemas, los resume en tres refranes populares: Deseos no empreñan. Esto no
es soplar y hacer botella. El miedo es libre.
La verdad es que estamos
solos. Los rectores de las otras universidades autónomas ya nos dijeron que
ellos van a acatar las sentencias. Y otra cosa sería si hubieran miles de
profesores y estudiantes allí de pié, dispuestos a batirse al lado de sus
autoridades.
Finalmente, atacar al CU
tampoco lleva a ninguna parte.
EPÍLOGO
Si alguna destreza han
demostrado los nacionalsocialistas es en entrampar a la gente en callejones sin
salida. Así que este atolladero no es casualidad, ni una fatalidad histórica o
natural, es producto de la voluntad política del régimen militar de acabar con
la universidad autónoma.
Como el principio
universitario es la autonomía, el principio militar es la subordinación. Entonces,
la alternativa a la universidad autónoma es aquella alineada con el proyecto
político oficial adscrita a un ministerio ejecutivo, el llamado “Ministerio del
Poder Popular para la Educación Universitaria”, que tiene entre sus objetivos
poner a las universidades al servicio de la construcción de la “patria
socialista”.
De manera que lo de la
elección de autoridades con participación de todos es un subterfugio más que
conduce a la destrucción de la universidad como lo que ha sido, un ente corporativo,
que reúne a profesores y estudiantes en la búsqueda de la verdad.
Como sabemos, la cualidad de
miembro de una corporación está determinada por una condición objetiva, una
cualidad profesional, vinculada al fin corporativo específico, como ha sido
desde la Edad Media, cuando nació la universidad.
El carácter profesional es del
docente, que enseña y el discente, que recibe la enseñanza. Todo lo demás es
accesorio. Pretender meter allí al personal administrativo, técnico y de
servicio es eliminar al ente corporativo y sustituirlo por otra cosa.
Lo irónico es que una vez
hecho esto no se volverá a elegir a nadie, porque los ministros son designados
como los administradores de todas las universidades alineadas con el proyecto
político nacionalsocialista.
La propuesta de la UCV parte
de la libertad, de docencia e investigación, porque como se ha demostrado, en
materia de conocimiento y creación, lo único que funciona es el principio de
autonomía, en todos sus aspectos.
Así como el otro es un pasaje
expreso al fracaso, uno más de los tantos que llevamos a cuestas. En ese tren
de ganado nunca se montará ningún auténtico universitario.
Luis Marín
03-06-12
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