A LOS POCOS JUZGADOS NUNCA SE LES HA
VISTO EL ROSTRO
Lo más abrumador es que luego el gobierno osciló entre decir que no tenía nada que ver con el asunto (aunque todos los autores fueran policías), echarle la culpa a la oposición, hasta acusar a los medios de comunicación de estar montando una matriz de opinión para acusar al régimen; pasando por alto que el hecho coincidía con el cierre de la embajada de Israel en Caracas, la expulsión del embajador y la condena del Estado judío como “genocida”, todo hecho por el mismo gobierno.
El denominador común de estos casos es que han sido reconocidos por el régimen, algunos de los autores han sido detenidos, juzgados e incluso condenados; pero sus rostros no han sido mostrados al público, que por lo visto no tiene derecho a conocer quiénes son los que lo martirizan, nunca han sido careados con la prensa, no han sido preguntados ni repreguntados, no se conocen sus móviles, ni a qué o a quienes responden.
MUY DISTINTO PROCEDER A LA HORA
DE DETENER AL ESTUDIANTE JULIO RIVAS
Pero cuando una comisión del CICPC fue de Caracas a Valencia para capturar al dirigente estudiantil Julio Rivas, para luego pretender presentarlo como si fuera un criminal y a su organización Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU) como una organización delictiva, los burócratas de Venezolana de Televisión le acercaron las cámaras al rostro y le hicieron preguntas capciosas, para exponerlo al escarnio público; lo que nunca ocurre con ningún criminal convicto y confeso, tanto menos cuando se trata de “agentes del orden público”.
A estas alturas, resulta indispensable replantearse la pregunta de si el auge delictivo corresponde o no a una “política de Estado”.
EN LOS CASOS DE SIMONOVIS, VIVAS Y FORERO
SE TRATA DE DESTRUIR EL ASCENDIENTE MORAL
VÍCTIMAS. Otro aspecto notorio es el encarcelamiento de policías honestos, como los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas, Lázaro Forero y los seis policías metropolitanos, acusados y condenados a la pena máxima de 30 años de prisión por los sucesos del 11 de abril de 2002.
Este castigo desmesurado sólo se explica por el afán de destruir el ascendiente moral, la autoridad que puedan tener sobre sus hombres, a fin de contrarrestar su influencia, de hacerlos perder todo el respeto que han conquistado en largos años de servicio impecable, para imponer una referencia opuesta.
En el caso de Henry Vivas se le cobra el hecho de ser el primer civil, policía de carrera, designado como jefe del cuerpo contra la añeja costumbre de designar a egresados de la Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación; pero sobre todo contra “el dedo”, que ya había hecho ese nombramiento, contra el que se reveló la PM con “esprit de corps”, algo intolerable y una afrenta al dictador, que lo hizo blanco de una previsible venganza.
El problema es que cuando se trata de destruir el ascendiente moral de un comandante legítimo sobre sus hombres, se corre el riesgo de destruir la moral misma del cuerpo. Esto ocurrió en la PM, porque nadie se ha puesto a calcular cuál puede ser el efecto desmoralizador de la persecución de gente respetable, mientras se encumbra a individuos despreciables, con el único expediente del servilismo y la corrupción.
Esto vale tanto para el Cuerpo de Bomberos de Caracas como para PDVSA y cualquier organización jerárquica, cuyos mandos se apoyan en la auctoritas de sus jefes.
CUNDE LA DESMORALIZACIÒN Y EL DESCONCIERTO EN LOS
APARATOS DE SEGURIDAD
Cunde en los cuerpos de seguridad la desmoralización y el desconcierto, falta de dirección, objetivos claros y recursos: esto juega a favor de sus enemigos naturales, la delincuencia.
Por otro lado, se desarma a policías municipales no controladas por el ejecutivo, empresas de vigilancia privada e incluso militares retirados, en resumen, a toda la población civil; mientras se crea una “policía nacional”, que no está al servicio de los ciudadanos sino del poder central. Es decir, otra herramienta de control e intimidación.
En este contexto, la crisis financiera aparece como la guinda del coctel. Las andanzas del que aparece como chivo expiatorio no puede separarse del tema de la economía de puerto, del auge importador, que es otra política de Estado.
Del narcotráfico y otros tráficos, como el de personas y bienes, que van desde los hidrocarburos y sus derivados, oro, diamantes, uranio, hasta armas de todo calibre y de capitales, blanqueados o sacados del presupuesto paralelo.
Casualmente, estos fueron los cargos por los que Castro fusiló en 1989 al general Arnaldo Ochoa, héroe de la revolución cubana, encargado de triangular este mercado en el Panamá de Manuel Antonio Noriega.
Pero el mecanismo quedó allí intacto y operando, casi con los mismos actores.
EL BINOMIO REVOLUCIÓN / DELITO
VICTIMARIOS. Teóricamente este tema debería abordarse como la relación entre política y delito, que resulta tanto más complicado en la medida en que se constata que entre estas dimensiones hay más vasos comunicantes de lo que tanto políticos como delincuentes están dispuestos a reconocer o confesar.
Harto más enrevesado cuando se trata de la relación entre revolución y delito, porque según se sabe, los vínculos entre revolucionarios y delincuentes son más que de familiaridad y camaradería, como de compartir ciertos objetivos comunes: el enfrentamiento franco y directo con el orden legal.
Ciertamente, las revoluciones auténticas, tanto más que las parodias de revolución, implican una ruptura con un orden establecido con el objetivo de sustituirlo por otro, considerado más justo o apropiado a los tiempos por venir.
REVOLUCIONARIOS Y DELINCUENTES COINCIDEN
AL MARGEN DE LA LEY
Así que revolucionarios y delincuentes coinciden al margen de la ley, temporalmente al menos, tejiendo lazos de complicidad tanto en la cárcel como en la clandestinidad, perseguidos por un enemigo común, las fuerzas policiales.
Tampoco difieren en sus métodos, porque los revolucionarios echan mano de los procedimientos del hampa para proveerse de recursos, realizar actos de terrorismo y propaganda. Esto va desde la máscara, el disfraz, el cambio de nombres, el uso de armas de fuego y explosivos, ejecución de robos, atracos, secuestros, extorsión, chantaje, que califican como expropiaciones o impuestos revolucionarios, según sea el caso.
EL DESPRECIO ‘REVOLUCIONARIO’ A LOS ESCRÚPULOS
MORALES
Es proverbial en desprecio que profesaba Lenin contra los escrúpulos morales de los socialdemócratas que consideraban fatal para el prestigio del partido la asociación con elementos delictivos, lo que él calificaba de “prejuicios pequeño burgueses”. En cambio, mostraba una exultante satisfacción ante el descaro de los bandidos, que no pretendían vínculo alguno con la “buena sociedad”.
Absolutamente todos los partidos leninistas han conservado esta actitud como una cuestión de principios. Adoptan no sólo los métodos sino también la mentalidad del hampa, en particular, el repudio de la delación como la peor transgresión al código profesional, unido a la devoción por la mentira, sobre todo para negar los propios crímenes (negacionismo).
Por su parte, la sociedad decente no ha invertido ningún esfuerzo para evaluar el significado y las consecuencias de que un estado haya caído en manos de sujetos que se identifican con un alias, según los usos de los bajos fondos.
Esto sucedió en la URSS de Lenin y Stalin, por ejemplo, que significaba una ruptura con toda forma de respetabilidad, del buen nombre. No se crea que estos eran sobrenombres familiares. El de Vladimir Ilich sería “Volodia”, pero en verdad lo obtuvo en la clandestinidad; Stalin obtuvo el suyo en la cárcel.
Por el contrario, los demócratas de todo el mundo consideraron esto como una forma de acercarse a los modos populares, considerando de lo más apropiado encontrar un sobrenombre que los comunique con “el pueblo”, como “Lula”.
UNA VEZ EN EL PODER LOS REVOLUCIONARIOS SUCUMBEN
A LA PARADOJA DEL LADRÓN
Una vez alcanzado el poder, los revolucionarios sucumben a la paradoja del ladrón, que ahora exige respeto por la propiedad privada sobre lo que se ha robado. Deben establecer un orden nuevo, una nueva legalidad y ésta impone al delincuente la disyuntiva de asimilarse o volver a sus habituales andanzas, para ser perseguido por sus antiguos camaradas.
En Venezuela no se encuentra rasgo alguno que permita definir al proceso como “revolución”; en cambio, si hay muchos para identificarlo como una cleptocracia, un simple gobierno de ladrones.
LO GRAVE DE LA LUCHA POR EL BOTÍN ES QUE PUEDE SERVIR
PARA CONSOLIDAR EL RÉGIMEN NO PARA DEPONERLO
Es previsible que la lucha por el botín produzca alguna convulsión. Lo grave es que no sea para deponer al régimen, sino para consolidarlo.
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