LUIS MARÍN - LA JUEZ AFIUNI, PARA LA HISTORIA

Luis Marín

Agustín Blanco Muñoz

Chávez me puso presa. Habla la juez María Lourdes Afiuni.

Caracas, CPT-CEHA-CDCH-UCV, 2012, 432 p.

El volumen 25 de los Testimonios Violentos, editados por la Cátedra Pio Tamayo del Centro de Estudios de Historia Actual, FACES-UCV, bajo el título “Chávez me puso presa. Habla la juez María Lourdes Afiuni”, es una semblanza descarnada del momento trágico que está atravesando Venezuela.

Lo primero que salta a la vista en el caso de la juez Afiuni es lo que no se ve, lo oculto. Hay un grueso velo de misterio alrededor que no han podido descorrer ni siquiera los implicados directos. La única hipótesis que logra lucubrar la juez para explicarse porqué ella está presa es que ocupa el lugar de otro, Eligio Cedeño; pero ¿por qué tanta saña contra él? Nadie, ni siquiera el mismo EC lo dice, quizás tampoco lo sabe.

Entonces comienzan a correr las leyendas urbanas. Que si está relacionado con Gustavo Arraiz, del caso Microstar, secuestrado en Panamá en marzo de 2007 y condenado por un delito, distracción de fondos públicos, que no podía haber cometido, por el simple hecho de que no es funcionario, ni administrador de fondos públicos, sino un simple cliente bancario, usuario de divisas por las que habría pagado el precio oficial.

Lo que lo hace explosivo es su supuesta relación con una hija del comandante en jefe, lo cual no tiene nada de malo, excepto por un misterioso video que tiene la extraña característica de que nadie lo ha visto, en particular quienes lo citan, esto a pesar de que aseguran que  estuvo colgado en YouTube, al parecer por brevísimo tiempo.

Por fuera se dice que no es solo el video, sino los mensajes que mandaba por su dispositivo celular, que tampoco nadie sabe a quién se los mandaba, para qué, ni qué decían o mostraban.

La verdad es, dice la juez Afiuni, que en el expediente no consta el menor vínculo entre estos dos ciudadanos; pero si se trataba de unos dólares de CADIVI, entonces lo lógico es que las investigaciones se orientaran hacia allá, no hacia el banco tramitador, que no es responsable de la veracidad de los expedientes o declaraciones que los sustentan, según el convenio que los hace parte del proceso de asignación de divisas.

Pero supongamos que en CADIVI se levanta una barrera militar, porque es un instituto dirigido por militares; al volverse al tramitador civil, el banco Canarias, van contra el presidente, Alvaro Gorrín, pero a éste le cierran la investigación porque resulta ser de la tribu del magistrado Eladio Aponte Aponte.

Entonces es que se llega a Eligio Cedeño; pero ¿por qué? Si él es un directivo como cualquier otro y seguro que no maneja, ni aprueba los expedientes de CADIVI, por grandes o importantes que sean los clientes.

Otra leyenda urbana imagina a EC financiando la fuga de Carlos Ortega; pero esto tampoco ha sido alegado ni probado en autos y abiertamente nadie lo dice. Entonces, ¿por qué la saña contra Eligio Cedeño?

Lo incontrovertible es que tanto EC como GA, han guardado la suprema ley de la mafia, la “omertá”, la ley del silencio, puesto que no han dicho nunca y por lo que se ve, no dirán jamás: ¿Por qué los persigue con tanta ferocidad el régimen del que eran hijos mimados? De siempre se ha dicho que a la mafia se puede entrar; pero no se puede salir (indemne).

En ese gremio es usual disputar por el reparto del botín: ¿Quién no quedaría satisfecho con su parte? ¿Quién se sentiría tan ultrajado como para justificar todo esto? ¿O quizás salvando sus charreteras con estos chivos expiatorios?

REHÉN POR ACCIDENTE

Siempre se repite que la verdad es la primera víctima de la guerra; pero cuando la guerra se judicializa la primera víctima es la justicia. Esto es palmario en el caso de la juez Afiuni, un sorprendente compendio de arbitrariedades que podría tratar de resumirse así.

Si ciertamente hubiera hecho algo irregular al dictar una medida cautelar que estaba perfectamente dentro de las atribuciones de su cargo, lo que hubiera correspondido era abrirle una averiguación administrativa, instruir un expediente disciplinario cuya culminación, en el caso más grave, daría para una destitución, pero nada más.

En la eventualidad de encontrar elementos que revistieran carácter penal, entonces lo procedente es enviarlos a la Fiscalía para que proceda a la apertura de una averiguación penal y si hubiera elementos suficientes, pasar a un juez de control, etcétera, etcétera.

Pero lo que nunca, nunca puede ocurrir, ni puede pasar por la mente más alucinada es que un fiscal grite: ¡Vas presa! Y, acto seguido, la policía saque a la juez esposada de su tribunal, junto con todo su personal, incluyendo a los alguaciles, todos presos. A la pregunta ¿cuál es el cargo? La respuesta: “Ya inventaremos algo”.

El comandante en jefe le dedica dos cadenas de radio y televisión, el 11 y el 21 de diciembre de 2009, en la primera la llama bandida y la condena a 30 años de prisión, en la otra confirma: “Estás bien presa, comadre”. Para la historia universal de la infamia.

En Venezuela la pena de 30 años es la pena máxima posible, solo aplicable a quien mate a su mamá o precisamente al presidente de la república; no obstante se pide, en cadena nacional, para quien por definición no ha incurrido en delito alguno, puesto que solo realizó, bien o mal, según sea la opinión, funciones legales atinentes a su cargo.

Sería demasiado arduo y engorroso pasearse aquí por todas las vicisitudes personales y vericuetos procesales que ha tenido que transitar la juez Afiuni en los años siguientes a aquel ahora fatídico 10 de diciembre de 2009, sin dejar de lado el confinamiento en el INOF, la casa por cárcel y los innumerables trastornos de salud derivados.

Baste recordar que ha sido torturada públicamente, crucificada moralmente, sometida a penas crueles e infamantes, las mismas que prohíbe la constitución y los pactos sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la república, privada de sus derechos elementales, incluso a la defensa, al debido proceso, al juez natural, a la salud, a expresarse libremente, al sufragio y representación política, a la violencia contra la mujer, y pare de contar para no agotar.

La pregunta de las 64.000 lochas es, todo esto ¿para qué? ¿Para saciar una frustración asesina en un cuerpo simbólico? ¿Para escarmentar e intimidar a los demás jueces? ¿Para que nadie nunca más se salga del redil de lo que manda el comandante en jefe?

Todo esto, ¿por qué? ¿Por haber facilitado la fuga de Eligio Cedeño? O sea, que ¿huida la cabeza, pisaron la cola como para agarrar al camaleón aunque sea por un extremo?

Esto es un craso error del conspirativismo y de la estructura mental de quienes caen en sus trampas. Como ellos actúan de esa manera, entonces los demás también y todo es un montaje. Eso fue un parapeto montado por EC, la juez y compañía  para fugarse. Incluso llegan a decir que “sería ingenuo pensar que no cobró”, lo que revela la mentalidad propia del corrupto.

La oferta del EC de canjearse por la juez pone de relieve el hecho de que se trata de una secuestrada política, alguien atrapada en defecto de otro, del verdadero objetivo, y sobre la que se ejerce la venganza que quisieran hacer recaer sobre aquél, con el inconveniente de no ser familiar, amiga o asociada, salvo en la mente trastornada de los conspiradores de oficio.

La vida a veces coloca a las personas equivocadas en lugares inadecuados en momentos inoportunos. Sin quererlo, sin proponérselo, la juez Afiuni ocupa el lugar de otro en una comedia que va inventándose mientras ocurre, pero de la que ya es parte imprescindible.

Su caso devino en símbolo del colapso del poder judicial en Venezuela.

DIA DE SUERTE

Todos los pensadores políticos han dedicado espacio considerable a los imponderables: la fortuna diría Maquiavelo, la providencia los religiosos, el azar o la necesidad los científicos, el destino los existencialistas y nosotros, pues, todos los anteriores.

El día que le asignaron el caso de EC la juez Afiuni no estaba de guardia. Se alegó que el sistema se había caído para sortear los expedientes por el viejo método de los papelitos. En ese momento la oficina de distribución estaba en manos de una sobrina del magistrado Aponte Aponte. ¿Por qué el dedo inocente la apuntó a ella, que no estaba en la movida?

¿Será que querían que ella hiciera lo correcto y aplicara la medida que le correspondía a EC, una vez que GA había sido condenado, caído en el silencio y el olvido? ¿O todo esto fue un descabellado error de cálculo?

Sea como sea, los fiscales no hicieron acto de presencia en la sala de audiencia, aunque se dejaron ver en el pasillo, por lo que se sabía que estaban por allí boicoteando el acto, y no hubo sobreseimiento, que era posible, pero sí la cautelar.

Entonces irrumpen súbitamente poniendo preso a todo el tribunal, como en Jalisco. Pero aquí hay un punto fuerte: Los fiscales del Ministerio Público no tienen ese poder. ¿De dónde les vino a éstos esa omnipotencia? Del otro extremo del hilo telefónico.

Y aquí llegamos al punto que interesa: el lado oscuro del poder.

En Venezuela en los últimos años, como en Cuba desde hace cincuenta, el poder ha bajado a una catacumba, discurre por pasillos sórdidos y oscuros, actúa de forma caprichosa e inescrutable.

Lo que vemos en el exterior es como un baile de máscaras, mujeres sibilinas oficiando como jefes de poderes públicos que no lo son, aparentando un protagonismo del que carecen. Si no hacen lo indicado, salen como corcho e’ limonada.

Ocurre con militares, gobernadores, alcaldes, diputados, magistrados, ministros, jueces, en resumen, con cualquiera: nadie parece ostentar sino un poder en consignación. Si no hacen el mandado, están fuera, sin compensación e incluso a la cárcel o al exilio.

Entonces ¿dónde está el poder? ¿Quién puede saltarse no sólo la constitución y las leyes sino la lógica y el sentido común y hacer, materialmente, lo que le da la gana, sin límite alguno? Es decir, la definición más perfecta y clara de la tiranía: un poder absoluto, ilimitado e indefinido.

Sea quien sea debe contar con el respaldo de las FFAA. Ellas están dirigidas por una logia o cofradía que es capaz de torcerle el brazo incluso al comandante en jefe, como hicieron en el referéndum de 2007 y pueden pergeñar cosas tan poéticas como “el pescuezo no retoña”, coja su avión con su maleta de dólares y váyase.

La juez Afiuni lo dice: “Y, definitivamente, pienso que yo estoy bajo custodia de los militares. Y lo que decidan los tribunales es otra cosa.” (p. 109). Más adelante relata lo que dicen sus custodios: “Mire doctora, yo le voy a decir una cosa: si la juez le da la libertad, yo no la voy a soltar. Yo tengo órdenes del ciudadano ministro de la defensa de llevármela. Así que no esté contando con la decisión de la juez. No se haga ilusiones, si ella decide soltarla yo no la voy a soltar. Yo me la tengo que llevar.” “A mi usted, doctora Afiuni, no me va a joder mi ascenso.” (pp. 153-154).

Abandonada de la ONU, cuya resolución contra detenciones arbitrarias aplicó, no siendo bandera de la oposición oficial, ni ficha canjeable para el régimen, a la juez Afiuni sólo le queda encomendarse a Dios y esperar a ver qué deciden hacer los militares con ella.

O mejor, con todos nosotros, que también somos sus rehenes involuntarios.

Luis Marín

19-08-12

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