¡UN ACUERDO VIOLENTO Y FALSIFICADOR!

Tibisay Lucena

Mucha gente se pregunta sobre la validez, procedencia y hasta seriedad del Acuerdo que firmaron los candidatos presidenciales en el CNE para cumplir con la Constitución y las leyes, reconocer los resultados del 7-0  y para que “no se desconozca la voluntad del pueblo de Venezuela con hechos de violencia o de cualquier otro tipo que atenten contra el bienestar del país”.

Por donde se le mire, lo acordado tiene olor a engaño, burla o disimulo. Y la secuencia de su elaboración deja el asunto al descubierto.

Ya en plena campaña, el Comando Tricolor/Venezuela y su candidato se dan cuenta de que hay ventajismo en el proceso, que el candidato del oficialismo es el golpista-presidente (GP) y que les toca competir en condiciones de abierta desigualdad con el Jefe de Estado, Jefe del Gobierno, Jefe de todos los Poderes, Jefe de las FAN, Jefe del Erario Público y del Primer Partido Nacional.

Caen en cuenta además que no hay limitación constitucional alguna en el caso de la reelección presidencial, ni norma del CNE que impida la utilización de los mecanismos e instituciones del Estado, con fines que se pueden considerar como propagandísticos.

Y ante este panorama Capriles propone un Acuerdo al Árbitro Electoral para que se regule el uso de los fondos públicos y las Cadenas de Radio y Televisión.

La respuesta del GP fue inmediata: en el ejercicio del mando-poder nadie me puede impedir que utilice la maquinaria a mi cargo por mi condición de Presidente. ¿Qué quieren, que el Jefe de todos los venezolanos viaje, por ejemplo al interior en transporte público y sin escoltas?

Y de las cadenas dijo: yo tengo la potestad para decidir cuando un evento gubernamental debe ser trasmitido por todos los medios al país. Y finalizó diciendo que no había necesidad de ningún acuerdo porque todo estaba pautado en la Constitución y las leyes.

Horas después apareció la Presidente del CNE proponiendo un Acuerdo  que incorporara lo relativo a la necesidad de detener la violencia.

Pero de esta materia sólo había hablado el oficialismo. En muchas oportunidades, tanto el GP como sus parciales, señalaron y señalan que a diferencia de la oposición, ellos han expresado su decisión de acoger y respetar los resultados que dé el árbitro de las elecciones del 7-0.

Y en cada caso han hecho una observación: que no se les ocurra desconocer los resultados que proclame el CNE ni acudir a un plan B porque se arrepentirían para siempre.

A un supuesto asomo de violencia se le responde con una carga dimensional. Y lo que sigue es  la conexión con el CNE para que proponga un acuerdo mediante el cual se deja en claro que  una de las dos partes de la contienda polarizada tiene un plan violento.

Pero ninguna de las partes al ser convocadas por el CNE alude a la violencia. Cada quien actúa en términos de yo no fui ni seré.

La síntesis del absurdo es que el compromiso entre las partes es a reconocer los ‘resultados perfectos del árbitro’ y no acudir a la violencia por ninguna circunstancia.

De esta manera queda claro que hay un escenario de violencia que se pretende detener con un Acuerdo.

Y esto se desprende del cuadro de polarización prevaleciente y según el cual una parte ya canta victoria, armada de los votos duros  que  aseguran las tarifas y de su dominio CNE para todo tipo de manejo en el orden del fraude.

Las oposiciones a la vez dicen actuar en desventaja, dando la pelea contra todo ventajismo y enfrentando a todo aquel que haga denuncias de fraude-trampa, porque eso ahuyenta a muchos votantes que desilusionados se convierten en abstencionistas.

Esto ha llegado tan lejos que voceros de la MUD han considerado que quienes hacen este tipo de denuncia son simples ‘delincuentes electorales’.

Esto se une a la llamada lucha contra los llamados Ni-Ni, que no suscriben una u otra candidatura, y apuntan más bien hacia la disidencia que ve, en la superación de esos dos frentes, la única posibilidad de avance de un proyecto que se encargue de la construcción de una nueva Venezuela.

Y situados en este punto ¿qué ocurrirá el 7-0 luego del cierre de las mesas electorales? ¿Vendrán los resultados CNE a media noche y de inmediato el reconocimiento del perdedor al ganador en un clima de paz, concordia y entendimiento?

¿Tomará la calle la oposición el mismo 7-0  para resguardar sus votos y asegurar la existencia de un ambiente electoral de respeto a la decisión del ‘soberano’? ¿Cómo negar que esta toma de la calle sería vista por el chavismo y sobre todo por sus radicales como un desafío?

¿Cómo dudar que el oficialismo ante cualquier movilización que considere desestabilizadora se sentirá autorizada por la Constitución, las leyes y el Acuerdo-CNE, para ‘garantizar el orden público’ y la pervivencia de la ‘democracia revolucionaria’?

En realidad por ninguna parte se observa un transcurrir colmado de tranquilidad y sosiego. La violencia no está por comenzar. Ha sido y es una constante en el proceso social venezolano y no es este el momento que surgirá una excepción.

Esta polarización, de no mediar acuerdos y negociaciones, podría estallar y en ese caso se podrá aplicar la llamada violencia del Estado y obligar a los derrotados a negociar una salida. Pero por todas partes la violencia se exhibe como enseñoreada y triunfal.

Y es este precisamente el escenario que la fuerza social y organizada de la disidencia estaría obligada a enfrentar, porque la neurosis electoral que tiene afectada a buena parte de los exvenezolanos, no puede convertirse en simple territorio de las muertes que son capaces de sembrar los Acuerdos para la violencia, la falsificación y la mentira. ¡Qué historia amigos! Twitter:@ablancomunoz / abm333@gmail.com

Agustín Blanco Muñoz

El Universal, 20 de julio del 2012